Columna de Opinión del Investigador Emergente. Dr Juan Pablo Queupil Ha comenzado el año 2018 y en Chile asumirá el próximo marzo un nuevo presidente. Como era de esperar, la política educativa estuvo presente en cada uno de los debates que precedió la elección de la centro-derecha, representada por Sebastián Piñera, quien va por su segundo mandato, luego de que su primer gobierno haya desbancado a la centro-izquierda, liderada por Michelle Bachelet. Curiosamente, esto se repite por segunda ocasión. En los últimos 45 años, estos dos bandos políticos han estado demarcados por el hito histórico del golpe de Estado de 1973, encabezado por el ya fallecido General Pinochet, quien aún pareciera tener una presencia en varios asuntos nacionales, reflejada en la imposición de reformas en educación, salud, sistema de pensiones, e incluso en la constitución chilena, entre otros ámbitos de acción. Dentro de este ambiente post-elecciones presidenciales y de cambio de gobierno, no es sorpresa que la educación siga siendo una temática en la primera línea de la política pública chilena. Es claro que existe un consenso sobre los beneficios de una sociedad más educada, trayendo consigo efectos positivos en la economía, aspectos culturales, en la movilidad social, entre otros, analizados ampliamente por la literatura. Sin embargo, el retorno a la democracia en Chile, en los inicios de los años ’90, cimentó a los bandos políticos mencionados con dos posturas y visiones de la educación, en una dicotomía que se ha mantenido por casi cinco décadas. Además, como efecto de todo lo anterior, cabe considerar que Chile es uno de los países con mayor inequidad y segregación social y educacional en el mundo (Valenzuela, Bellei & De Los Ríos, 2010), lo cual no se ha logrado sortear y más bien se ha incrementado. Así, desde que la dictadura impuso un modelo neoliberal para la educación, como lo ha resumido Atria (2014), la dicotomía en Chile radica en entender la educación como un bien de mercado versus un derecho social. Si bien la presidenta Bachelet ha intentado llevar adelante un cambio de paradigma hacia esta última noción de cómo entender y comprender la educación, esto no está declarado de forma explícita en la Constitución chilena heredada por la dictadura, y lo que pareciera ser aún más anecdótico, el electo presidente ha expresado explícitamente su inclinación por lo primero, igualmente matizando su discurso ante su inminente segunda elección. Por ello, llama la atención que aún no ha sido abordado apropiadamente el debate sobre qué entendemos por el derecho a la educación en Chile. Si bien esta es una frase que aparece en cada proyecto de ley dentro de la reforma educacional impulsada por la presidenta Bachelet, más bien pareciera ser concebida en términos de “un ideal” o una visión de algo deseable (al menos declarativamente), y no como algo garantizado para los ciudadanos chilenos. Tal vez el más optimista podría aseverar que, a través de diversos mecanismos o programas, es un anhelo de recuperar un derecho usurpado por la dictadura. Así, entre estos últimos esfuerzos destacan la Ley de Inclusión Escolar (Ley N°20845, 2015), la reciente ley del nuevo sistema de educación pública (Ley N°21040, 2017) y la gratuidad de la educación superior –hasta ahora sólo para los seis deciles más pobres de la población, y en instituciones acreditadas–. En este sentido, si consideramos sólo esta última iniciativa, estaríamos lejos de afirmar que la educación es un derecho universal, pues además debemos considerar que en Chile hay miles de personas endeudadas por décadas, tras haber obtenido créditos y préstamos para cursar sus estudios superiores. Paradójicamente, la educación superior era gratuita (no involucraba pago de aranceles) antes de la dictadura, igual que la mayor parte de la educación pública escolar. El propio Atria (2014), abogado constitucionalista de profesión y ferviente militante de la izquierda chilena, ha asegurado que la educación tiene dos dimensiones: Bajo la primera, educación es lo que se provee al ciudadano en cumplimiento de su derecho; se trata aquí de la educación como derecho social. La segunda dimensión de la educación se desprende del hecho que hay algo importante (público) en las instituciones que proveen educación y en la forma en que lo hacen (p. 125). Se trata entonces de un debate que debiera incorporar la comprensión de qué se entiende por ciudadanía y de “lo público”. Incluso más, Atria destaca que, al contrario de la educación escolar, el caso de la educación superior en Chile debe ser tratado de forma diferente, considerando la autonomía que (todavía) gozan sus instituciones. Sobre todo si se tiene en cuenta que ésta podría variar a medida que se incremente la cantidad de universidades que reciben aportes públicos directos o indirectos, aspecto que todavía está en discusión en un actual proyecto de ley. En el ámbito internacional, RESULTS, ONG de Estados Unidos, creó un índice del derecho a la educación -Right to Education Index-, el cual es comparativo entre diversas naciones, donde Chile ocupa el último lugar, superado incluso por países como Zimbabwe o Tanzania en aspectos tales como gobernabilidad, disponibilidad, accesibilidad, aceptación y adaptabilidad. A su vez, si se habla del derecho a la educación, no puede dejarse de lado su innegable valor público. Así, por ejemplo, diversos factores del tipo “no académico”, usualmente asociados con el rendimiento escolar, son aspectos transcendentales de la educación, tales como la formación de la ciudadanía, el clima escolar, la motivación y el compromiso con el aula y la escuela, entre otros. En las últimas décadas, diversos investigadores han afirmado que el valor público de la educación radica en que los factores mencionados desempeñan un rol importante para que los niños y jóvenes se desarrollen plenamente como ciudadanos críticos y sean actores relevantes en la sociedad. En la práctica, ésto implica pasar de una lógica donde prima el individualismo y los intereses de las personas como entes aislados, a una donde se prioricen la cooperación y los intereses comunes. Además, y por sobre todo, cambiar las políticas de focalización de recursos a ciertos grupos de la
