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Representantes de diversas instituciones académicas y organizaciones que trabajan en el ámbito de la salud mental y la educación hacen un llamado enfático al Gobierno a impulsar una agenda de prevención y a incorporar la salud mental entre sus prioridades programáticas y presupuestarias cuidando particularmente programas como Habilidades para la Vida (HPV), implementado por Junaeb. En las últimas semanas en nuestro país se han implementado diversas estrategias para prevenir el contagio del COVID-19 basándose en evidencia y experiencias internacionales. Sin embargo, los efectos psicosociales han sido escasamente abordados, a pesar de que es claro que la pandemia genera impactos significativos en salud mental, ya sea por las condiciones de encierro, la alteración de la vida cotidiana y la incertidumbre respecto al futuro. Antes de las crisis de los últimos 6 meses, el estallido social y el COVID-19, Chile era uno de los países con peor salud mental en el mundo. Los niños y niñas menores de 6 años lideraban el ranking de problemas de salud mental y las y los estudiantes de 6 a 18 años tenían casi el doble de enfermedades mentales comparadas con las cifras internacionales. Esto es particularmente grave si atendemos a que la investigación en salud mental y crisis sociales muestra que la prevalencia de problemas de salud mental luego de una catástrofe aumenta de un 8 a un 50%. Los estudios sobre efectos de las cuarentenas nos muestran un escenario similar, destacando la aparición de trastornos de estrés postraumático y trastornos del estado ánimo, la activación de sintomatología psicótica latente o la agudización de los problemas de consumo de drogas y alcohol, viéndose además en Chile, el aumento de la violencia intrafamiliar.  Por lo tanto, no podemos esperar a que esta situación aumente en su gravedad. Al igual que con las medidas de prevención del COVID-19, tenemos que impulsar una agenda de prevención y promoción que garantice los derechos a la salud mental y el bienestar consagrados por la Constitución. La evidencia muestra la importancia de reforzar los dispositivos locales de salud, pues ellos permiten minimizar los impactos negativos de las crisis sanitarias y sociales, potenciando los recursos comunitarios existentes en los distintos territorios.  En este contexto, programas como Habilidades para la Vida (HPV) de la Junaeb, constituyen experiencias relevantes para la prevención temprana en salud mental, particularmente en espacio escolar. Se trata de una política pública con más de 20 años de trayectoria, que se ha consolidado como una respuesta efectiva para abordar los problemas de salud mental en las comunidades escolares más vulnerables. El HPV está presente en 185 comunas, 2.519 establecimientos educacionales y atiende a 705.102 estudiantes, 29.091 apoderados y 564.145 docentes. Ha sido un actor clave en el apoyo psicosocial a las familias más vulnerables en las diversas situaciones de crisis y emergencia que hemos enfrentado en los últimos años. El programa HPV es reconocido internacionalmente como uno de los dispositivos de salud mental escolar más grandes del mundo. Es un socio estratégico para el campo del desarrollo científico y tecnológico en políticas públicas de infancia y adolescencia del país, y uno de los programas públicos con mayor evidencia científica y cumplimiento de los estándares internacionales para servicios de salud mental. Este programa, constituye en consecuencia, una política exitosa que atiende a los estudiantes más pobres del país. El programa HPV cuenta con 321 proyectos compuestos por 2.202 profesionales que durante esta crisis han adecuado las estrategias presenciales de intervención a una modalidad virtual y a distancia. Esto ha permitido la continuidad del acompañamiento socioemocional a las comunidades educativas en el contexto de la actual crisis sanitaria. En algunas comunas, el HPV es uno de los pocos dispositivos estatales de apoyo disponible en materia de salud mental. Las rebajas presupuestarias en ámbitos claves como educación y en partidas específicas, entre ellas Junaeb, van en la dirección opuesta al cuidado integral de la salud individual y social, pues ponen en riesgo programas relevantes como HPV, que en este contexto se hacen más necesarios que nunca. La prevención mediante el aislamiento y hábitos de higiene ha sido un imperativo para evitar la expansión de la pandemia. Hoy llamamos también a ocuparnos de los efectos no siempre visibles, pero en expansión, de esta pandemia en la salud mental de la población. Instamos al gobierno a incorporarla entre sus prioridades programáticas y presupuestarias, cuidando particularmente los programas que como el HPV, han velado por la salud mental de los chilenos y chilenas durante las crisis anteriores y a implementar medidas específicas que atiendan esta dimensión tan relevante en la vida de las personas. Colegio de Psicólogos Colegio de Profesores y Profesoras de Chile Sociedad Interamericana de Psicología Sociedad Científica de Psicología Asociación Nacional de Psicología Educacional Sociedad Chilena de Psicología Comunitaria Sociedad Chilena de Psicología Clínica Asociación Latinoamericana de Medicina Social (Alames) Valparaíso Centro de Investigación para la Educación Inclusiva Centro de Investigación Avanzada en Educación Centro de Justicia Educacional Núcleo Mileno para Mejorar la Salud Mental de Adolescentes y Jóvenes (IMHAY) Grupo de Trabajo Infancia y Juventud, Red Clacso-Chile Multigremial EVEP – Espacio Vinculante para una Nueva Educación Pública Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres Equipo Psicosocial de Salud Mental Escolar, Universidad Academia de Humanismo Cristiano Programa de Apoyo a la Convivencia Escolar PACES-PUCV Centro de Sistemas Públicos, Universidad de Chile Departamento de Psicología, Universidad de Chile Escuela de Psicología, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso Departamento de Psicología, Universidad de La Frontera Escuela de Psicología, Universidad Católica del Norte Escuela de Psicología, Universidad Academia Humanismo Cristiano Escuela de Psicología, Pontificia Universidad Católica de Chile Departamento de Psicología, Universidad de Playa Ancha Facultad de Psicología, Universidad Alberto Hurtado Escuela de Psicología, Universidad de Santiago de Chile Escuela de Psicología, Universidad Nacional Andrés Bello sede Viña del Mar Revista de Psicología, Universidad de Chile Revista Psicoperspectivas, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso Revista Castalia, Universidad Academia de Humanismo Cristiano Revista Salud & Sociedad, Universidad Católica del Norte Revista Terapia Psicológica, Universidad de Santiago de Chile Descargar declaración en PDF

Autoras: Dra. Lorena Ramírez y Dra. Verónica López, investigadoras del Centro Eduinclusiva. Columna publicada en El Mostrador el 8 de abril de 2020. La crisis sanitaria que conlleva el coronavirus nos ha encontrado a todos desprevenidos y hemos visto cómo se intenta tomar medidas para hacerle frente. Entre los múltiples espacios afectados está la escuela. Sus puertas cerraron abruptamente hasta nuevo aviso, dejando a miles de niños y niñas de un momento a otro en sus casas o lugares de acogida. En este escenario, se advierte como padres, madres y apoderados interpelan a los establecimientos educacionales a hacerse presentes de distintas maneras. Algunos alzan la voz pidiendo que no se dejen de transmitir los contenidos acordes al curriculum escolar para seguir recibiendo el servicio educativo. Otros, con agobio, reclaman el exceso de tareas que están recibiendo sus hijos e hijas debido a las dificultades que esto conlleva para su acompañamiento y seguimiento en casa. En estas disputas nos movemos frente a un Ministerio de Educación que ha centrado su accionar en el lanzamiento de la plataforma “Aprendo en línea” que entrega textos escolares y guías de estudio para que los niños, niñas y jóvenes puedan seguir aprendiendo desde sus hogares. El objetivo –plantea el Mineduc– es ayudar a que los niños y niñas puedan continuar con sus rutinas desde el hogar, proporcionando herramientas que permitan reforzar sus conocimientos y aprendizaje. Frente a esta iniciativa los profesores han debido readecuar rápidamente sus prácticas educativas, repensando –con más o menos competencias tecnológicas, con más o menos experiencias– cómo transmitir los contenidos mediante un sistema digital y a la vez, no dejar atrás a aquellos estudiantes que no tienen acceso a conectividad. Llama la atención –aunque no sorprende dada la existencia de una lógica educacional basada en el mercado y en la rendición de cuentas– que la primera respuesta al cierre de las escuelas esté siendo la de proveer materiales con información y guías de trabajo que los niños y niñas deben desarrollar en tiempos determinados y cuyo único énfasis está en asegurar una cobertura curricular. Sin embargo, es necesario entender que para niños y niñas la escuela es mucho más que eso. Si bien hay que aceptar que difícilmente se podrá llevar íntegramente la escuela al hogar el gran desafío está justamente en qué hacer para no perderla. De un día para otro niños y niñas se quedaron sin la escuela, sin sus rincones para conversar con sus compañeros/as, sin el saludo del profesor/a. Entre muchas cosas, se quedaron sin los actos y las canciones en conjunto, sin los recreos, e incluso para los creyentes, sin los rezos colectivos de cada mañana. En un país que se caracteriza por una alta segregación territorial y fragmentación de las relaciones sociales, los niños y niñas se quedaron sin ese espacio social que les permite encontrarse con un otro. Se quedaron sin esa disposición particular del tiempo, espacio y material que configura la escuela para despertar su interés por aprender. Si queremos llevar algo de la escuela a la casa estos aspectos deben ser considerados, especialmente prestando atención a las necesidades propias de niños y niñas. Claramente la respuesta no es nada fácil, sin embargo, los estudiantes pueden dar claves más precisas de lo que requieren en estos momentos de su escuela, importantes de ser escuchadas. Evidencia científica emanada desde el Centro de Investigación para la Educación inclusiva y de otras investigaciones nacionales plantea que para los niños y niñas la escuela es representada como un lugar distintivo que les permite el encuentro con otros, principalmente con sus docentes y compañeros/as. Para los estudiantes el sentido esencial de la escuela es poder aprender colaborativamente con otros, así como también establecer relaciones afectivas con los miembros de la comunidad educativa. De esta manera, el bienestar de los niños y niñas en la escuela está asociado a compartir y a divertirse con su grupo de pares así como también a sentirse constantemente acompañados, cuidados y apoyados por los profesores. Por tanto, desde la perspectiva de los estudiantes no basta con asegurar tan sólo la entrega de contenidos, sino que un pilar fundamental es también mantener las relaciones interpersonales y vínculos relevantes con la escuela. Si se va a utilizar la tecnología a favor –ciertamente para los que tienen acceso– se hace necesario buscar alternativas para que docentes y compañeros/as puedan mantenerse contactados entre sí.  Por ejemplo, en vez de sólo enviar una guía de trabajo los docentes también pueden conversar directamente con aquellos estudiantes que lo necesitan o mandar un video con caras y voces conocidas en lugar de entregar un enlace de algún material realizado por alguien con quien no tienen ningún tipo de conexión. Generar encuentros online entre todo el curso y compartir ideas en conjunto es una alternativa que resulta motivadora para el estudiante ya que favorece el efecto par para el aprendizaje. Para acercar la escuela en medio de esta crisis que limita el contacto físico se hace imprescindible facilitar instancias de encuentro para mitigar en algo la distancia así como para ayudar a los niños y niñas a recuperar parte de lo que para ellos es de gran valor: su comunidad, su vida cotidiana y el poder expresar su propio sentir y vivencias, aspectos sin duda relevantes para generar mejores condiciones para su aprendizaje y bienestar. Para acceder a columna publicada en El Mostrador CLICK AQUÍ

Autores: Directores e investigadores de centros de investigación, núcleos Milenio y proyectos Anillo. Columna publicada en La Tercera el 29 de noviembre de 2019 El Ministerio de Educación anunció medidas, entre ellas un proyecto de ley, que buscan sancionar el “adoctrinamiento político” a menores en escuelas y jardines infantiles. Al respecto, como directores e investigadores de centros de investigación, núcleos Milenio y proyectos Anillo –financiados con fondos públicos de fomento a la investigación– queremos transmitir a las autoridades gubernamentales, legisladores y a la ciudadanía nuestro análisis sustentado en resultados de nuestras investigaciones: Tras diecisiete años de implementación de la Política de Convivencia Escolar y ocho años de la Ley de Violencia Escolar y del Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación –que creó la Superintendencia de Educación– se observa que la gestión de la convivencia escolar está basada principalmente en el reglamento y sus sanciones, limitándose a una revisión formal para evitar multas. Hoy más que nunca se hace necesario avanzar hacia un tipo de convivencia que forme para la vida democrática e incorpore las vivencias y experiencias de los y las estudiantes al interior del aula y del establecimiento educacional. Para ello es fundamental crear espacios reales de participación que estén abiertos a la diferencia, tanto de ideas como de orientación sexual, religión, etnia y nivel socioeconómico, entre otros. El aprendizaje de una convivencia democrática que promueva la argumentación y el debate reflexivo resulta clave para la cohesión social, así como para el desarrollo moral y del pensamiento crítico. La Ley de Formación Ciudadana es, desde 2016, obligatoria para todos los establecimientos educacionales y exige un Plan de Formación Ciudadana que promueva la implementación de acciones pedagógicas que lleven a los estudiantes a desarrollar su propio pensamiento acerca de lo político, entendido como la idea sobre el bien común. El deber de la escuela en el ámbito de formación ciudadana es cumplir con las orientaciones curriculares que refuerzan la formación para una ciudadanía crítica y activa. Esto no es una forma de violencia. Por el contrario, las investigaciones demuestran que la discusión abierta en la sala de clases sobre distintos temas políticos se asocia a resultados positivos en los estudiantes, que incluyen expectativas de participación política y social, actitudes de empatía hacia los demás y conocimiento cívico. La participación activa de los estudiantes en la toma de decisiones de la escuela es también el mejor predictor escolar de los atributos cívicos. Esto requiere una discusión sobre experiencias sociales vividas, así como el uso de documentos sobre el pasado dictatorial en la enseñanza. Todos estos ejercicios pedagógicos resguardan la participación activa y deliberativa de los estudiantes, así como sus derechos políticos. Teniendo en consideración que ya existen mecanismos institucionales para resguardar los derechos de los niños, nuestra recomendación es instar a las comunidades escolares a resolver conflictos recurriendo a las instancias internas ya regladas por ley en los establecimientos educacionales, y en caso de no ser suficiente, acudir a la Superintendencia de Educación para que investigue casos denunciados. El aula debe ser un espacio de libertad y confianza. Un proyecto legislativo como el impulsado por el Ministerio de Educación sólo logrará regular la conversación y el debate en el aula, limitando el pensamiento crítico, la reflexión y la argumentación de ideas, coartando la libertad docente e impactando negativamente el desarrollo cívico de los estudiantes. A la vez, nos parece que en la elaboración de este tipo de proyectos se requiere consultar previamente a quienes por años están realizando investigaciones en educación. De lo contrario, se convierten en iniciativas polémicas y poco efectivas, sin base empírica ni teórica seria, que sólo desvían la atención del objetivo central: mejorar la calidad de la educación. En los difíciles momentos por los que atraviesa Chile instamos a las autoridades de Gobierno a actuar con máxima prudencia, fomentando siempre el diálogo y evitando impulsar iniciativas que aumenten la crispación y desconfianza, generando polarización y provocando divisiones que acentúen la crisis social. Esta columna fue escrita por: Verónica López, Directora del Centro de Investigación para la Educación Inclusiva. Directora del Programa de Apoyo a la Convivencia Escolar PACES PUCV Andrés Bernasconi, Director Centro de Justicia Educacional (CJE) Alejandro Carrasco, Director Centro de Estudios de Políticas y Prácticas en Educación (CEPPE) Alejandra Mizala, Directora Centro de Investigación Avanzada en Educación (CIAE) Juan Carlos Castillo, Subdirector Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES) Claudia Matus, Directora Proyecto Anillos “La Producción de la Norma de Género” Oriana Bernasconi, Directora Proyecto Anillos “Tecnologías Políticas de la Memoria” Kathya Araujo, Directora Núcleo Milenio “Autoridad y Asimetrías de Poder” Para acceder a columna publicada en La Tercera CLICK AQUÍ