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La emergencia de salud pública (COVID 19) que ha afectado al mundo durante los últimos meses ha obligado a los gobiernos a implementar medidas para intentar no sólo controlar la propagación de un virus sobre el cual aún hay muchas interrogantes sino a la vez enfrentar los fuertes impactos que se están produciendo en diferentes niveles. En el ámbito educativo, en el caso de Chile, durante marzo las autoridades gubernamentales anunciaron la suspensión de clases presenciales en colegios y proporcionaron alternativas para generar aprendizajes a distancia –utilizando internet como principal plataforma– y a la vez, adelantaron las vacaciones de invierno. Durante este período, el Ministerio de Educación ha manifestado con claro énfasis la intención de acelerar el regreso a clases presenciales una vez cumplido el período de vacaciones, haciendo múltiples anuncios con diferentes fechas: primero abril, luego mayo, manteniendo actualmente en suspenso el momento del retorno gradual. Como Centro de Investigación para la Educación Inclusiva nos manifestamos en desacuerdo con el retorno gradual a clases durante mayo ya que no garantiza las condiciones mínimas necesarias para retomar la actividad educativa. Por el contrario, y sobre la base de evidencia científica, constituye un riesgo para la comunidad educativa y las familias que forman parte de ella, así como para el control de la pandemia. Enfatizamos en la necesidad de generar un espacio de diálogo y trabajo de expertos en salud pública con representantes del sistema educativo –docentes, asistentes de la educación, apoderados y estudiantes– con el fin de asesorar a la autoridad en la confección de recomendaciones y orientaciones viables para cuando llegue el momento adecuado de volver a clases. Consideramos que deben existir las siguientes condiciones cuando llegue ese momento: Garantía de seguridad sanitaria para la comunidad educativa. Garantía de condiciones para un buen aprendizaje y convivencia. Planificación, implementación y fortalecimiento de iniciativas enfocadas en la salud mental de la comunidad educativa. Replanteamiento participativo de los objetivos curriculares y metodologías de enseñanza. Desactivación o readecuación de sistemas de evaluación y/o pruebas estandarizadas con altas consecuencias. Resguardo de recursos económicos, materiales y de personal para el funcionamiento de las escuelas y de programas que han resultado exitosos. Apoyo focalizado a las comunidades más vulnerables. Fortalecimiento de acciones que permitan garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad para todos y todas. Puedes leer más detalles en este documento

Autora: Dra. Verónica López, Directora Centro Eduinclusiva. Columna publicada en La Tercera el 14 de abril de 2020. En medio de esta crisis sanitaria si hay algo que no podemos olvidar es la salud mental de nuestros niños, niñas y jóvenes. En este contexto, las autoridades gubernamentales deben por mandato constitucional garantizar el derecho a la salud mental y el bienestar de la ciudadanía y, por lo tanto, se hace urgente a nivel de Estado impulsar una agenda de prevención. Identificando la importancia de prestar atención a los impactos psicosociales de la pandemia, la Primera Ministra de Noruega tuvo una idea genial: conversar con los niños directamente y responder sus preguntas para tratar de entender qué les estaba pasando y cómo el encierro en casa los está afectando. En países como el nuestro –cuya realidad socioeconómica dista años luz de la del país escandinavo calificado como uno de los más democráticos del mundo– la desigualdad social significa que para muchas familias el #QuédateEnCasa y el #Teletrabajo simplemente no son opción. Entonces, niños, niñas y jóvenes están conviviendo –o lo harán en un futuro cercano– no sólo con el encierro y la enfermedad sino también con la pérdida de trabajo de la mamá, la reducción del salario del papá o con la angustia de sus cuidadores frente al intento de llevar comida a la mesa y no contagiarse en el intento. ¿Como sociedad estamos conscientes de su vulnerabilidad? ¿El Gobierno los está escuchando? A nivel internacional, Chile es uno de los países con peor salud mental. Niños y niñas menores de 6 años lideran el ranking y los estudiantes de entre 6 y 18 años tienen casi el doble de enfermedades mentales comparadas con indicadores internacionales. La investigación demuestra que la prevalencia de problemas de salud mental luego de una catástrofe aumenta de un 8% a un 50%. De ahí la importancia de impulsar una agenda de prevención para enfrentar la actual emergencia y fortalecer programas que han resultado exitosos. Con más de dos décadas de trayectoria y reconocimiento a nivel internacional, el Programa Habilidades para la Vida (HPV) –implementado por Junaeb– es un modelo de intervención psicosocial que incorpora acciones de detección y prevención del riesgo, promueve estrategias de autocuidado y desarrolla habilidades para la convivencia de los diferentes actores de la comunidad escolar. Siguiendo los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud trabaja con redes comunitarias, apoyando a docentes y directivos para que a la vez apoyen a los niños y sus familias. Hoy está presente en 185 comunas, en más de 2.500 establecimientos educacionales atendiendo a más de 700 mil estudiantes. En situaciones de crisis que como sociedad hemos enfrentado HPV se ha consolidado como una respuesta efectiva para abordar los problemas de salud mental en las comunidades escolares más vulnerables; es un pilar fundamental en la red de apoyo psicosocial que podemos brindar, a través de la escuela, a las familias más pobres del país. Frente a la emergencia actual, HPV está trabajando y reorientando sus directrices para, acorde a los nuevos desafíos, continuar apoyando vía remota a cientos de directores y a miles de profesores para prevenir y contener problemas de salud mental latentes en la comunidad educativa. El Programa de Gobierno (2018-2022) declara promover y compatibilizar principios fundamentales, entre ellos, la justicia y la solidaridad, manifestando un compromiso con la protección a la infancia. En medio de esta pandemia, donde los problemas de salud mental emergen silenciosamente transformándose en una grave amenaza, nos complace saber que el Ministerio de Educación ha escuchado a quienes han pedido a viva voz que el Programa Habilidades para la Vida no sólo se mantenga sino que se fortalezca (Leer declaración expertos – Leer declaración equipos locales HPV) ¡No olvidemos a los niños! Proteger su salud mental es un imperativo. Leer publicación en La Tercera

Autor: Dra. Verónica López, Directora Centro Eduinclusiva. Columna publicada en La Tercera el 15 de enero de 2020. Fotografía: Agencia Uno En las últimas décadas, Chile ha seguido el sendero de las políticas de rendición de cuentas a través de la implementación de normativas como la Subvención Escolar Preferencial y el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad, instalando un ambiente punitivo que ha transformado la cultura escolar, las prácticas pedagógicas y de gestión, generando altas consecuencias en establecimientos educacionales que no cumplen con estándares de calidad. Este modelo de política educativa responsabiliza a las escuelas y las ordena a partir de indicadores cognitivos del SIMCE (Lenguaje y Matemáticas, principalmente) y de Desarrollo Personal y Social (IDPS) cuyo análisis ponderado y corregido da lugar a las categorías de desempeño alto, medio, medio-bajo e insuficiente. Si después de cuatro años una escuela se mantiene en un nivel insuficiente y no logra mejoras significativas corre el riesgo de ser intervenida o de perder su reconocimiento oficial que la llevará finalmente al cierre. Contraviniendo el principio de calidad educativa amplia e integral que establece la Ley General de Educación esta política reduce la acción pedagógica a aquellos aspectos cognitivos medidos por SIMCE (ponderación mayor a 67%) en desmedro de los Indicadores de Desarrollo Personal y Social (33%). Es así como los resultados de la “Categoría de Desempeño 2019” publicados recientemente por la Agencia de Calidad de la Educación indican que 36 establecimientos están en riesgo de cierre. ¿Cuál es el impacto social y cultural que el cierre de una institución social tan importante como la escuela puede generar en su entorno? Evidencia científica de nivel internacional plantea que las pruebas estandarizadas ejercen una alta presión sobre los actores educativos generando regímenes de jerarquización que impactan principalmente aquellos establecimientos que atienden a la población de estudiantes provenientes de contextos más vulnerables. En efecto, al analizar los 218 establecimientos de enseñanza básica que hasta hace unas semanas estaban en riesgo de cierre por haber sido clasificados como insuficientes durante tres años seguidos constatamos que, en su mayoría, son escuelas municipales urbanas que atienden a los estudiantes más pobres del país. El 71% cuenta con más de 10% de estudiantes inmigrantes, el 61% con más de 10% con ascendencia indígena, y el 90% tiene más del 10% de alumnos con necesidades especiales. No se puede atribuir a las escuelas la responsabilidad exclusiva del fracaso pues los elementos que más pesan son externos a ellas. Investigaciones de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, lideradas por la Dra. Carmen Gloria Núñez, demuestran que el cierre de escuelas rurales tiene un alto impacto en las comunidades ya que son valoradas como un lugar de encuentro y articulación colectiva que permite la construcción de identidad territorial. Niños y niñas han expresado que la experiencia comunitaria de su escuela de origen no es transferible a otro establecimiento porque no necesariamente asegura calidad de los aprendizajes e implica la pérdida de capital social acumulado. Probablemente, efectos similares se producen en zonas urbanas, especialmente en aquellas más segregadas a nivel social y territorial. Bajo una arquitectura educacional construida sobre el modelo de evaluación estandarizada iniciado durante la dictadura cívico-militar, el cierre de escuelas representa una amenaza ante la promesa de inclusión de nuestro sistema educativo, en tanto favorece mecanismos de segregación y exclusión de los estudiantes, especialmente los más vulnerables, poniendo en riesgo las trayectorias educacionales y atentando contra la cohesión social de la escuela y su potencial transformador como espacio creador y articulador de tejido social. Entre las múltiples demandas que emanan de las masivas movilizaciones ciudadanas están la justicia social y los cambios sustanciales al actual sistema educativo. En este contexto, en vez de pensar en el cierre de escuelas debemos como sociedad –y Estado– asumir el desafío de fortalecerlas para cumplir con el compromiso de una educación inclusiva y de calidad para todos y todas. Leer columna publicada en La Tercera: CLICK AQUÍ

“Las políticas de rendición de cuentas en educación y sus efectos” es la temática central de la 3ª versión de la Escuela de Verano Eduinclusiva inaugurada el miércoles 8 de enero en la Facultad de Filosofía y Educación de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV). Durante tres días, académicos e investigadores de vasta trayectoria nacional e internacional intercambiarán conocimiento y experiencias con investigadores jóvenes, estudiantes de postgrado, miembros de equipos de investigación, representantes de sindicatos y organizaciones sociales del área de educación. Bajo el principio de que la investigación y la producción académica deben tener un sentido transformador para mejorar la calidad de vida de las comunidades escolares se realizarán conferencias, mesas redondas, talleres metodológicos, actividades sello y culturales, y un cabildo constituyente, entre otras iniciativas. “El desafío está en cómo abordar políticas educativas que desde una perspectiva inclusiva permitan el acceso, la permanencia, el aprendizaje y la participación de todos y todas en los distintos niveles de la enseñanza formal. La experiencia escolar debe ser un espacio de goce, disfrute y bienestar para todos los niños y niñas, independiente de sus diferencias culturales, de género, lengua, etnia, idiosincracia, capacidades y nivel socioeconómico, entre otras”, afirmó en el acto inaugural la Dra. Verónica López, Directora del Centro de Investigación para la Educación Inclusiva. “Desde una perspectiva universitaria, y haciendo referencia a lo que está ocurriendo en el país, este Centro hace un llamado a poner atención en materia de educación. La universidad tiene un rol fundamental y puede orientar porque pone atención a problemáticas profundas”, señaló Arturo Chicano, Vicerrector de Desarrollo de la PUCV. Durante la Escuela de Verano Eduinclusiva participarán investigadores internacionales expertos en política educativa, entre ellos, Romuald Normand de la Université de Strasbourg de Francia; Álvaro Hypolito, de la Universidad Federal de Pelotas de Brasil, y Marilda Pasqual de la Universidad del Oeste de Santa Catarina de Brasil. A la vez, estarán presentes connotados investigadores nacionales, quienes junto a investigadores del Centro Eduinclusiva, transmitirán conocimiento y habilidades de análisis crítico acerca de políticas educativas y los efectos de la rendición de cuentas en los procesos investigativos en educación. La Escuela de Verano Eduinclusiva es un espacio formativo que busca hacer un aporte significativo a la proyección de una transformación del sistema educativo desde diversas perspectivas críticas. De ahí la importancia de delinear y levantar evidencias sobre los efectos que han tenido las orientaciones educativas para los diferentes niveles de los sistemas escolares. Más información: www.eduinclusiva.cl/escueladeverano

DECLARACIÓN CENTRO DE INVESTIGACIÓN PARA LA EDUCACIÓN INCLUSIVA UN NUEVO PACTO SOCIAL La protesta social y las manifestaciones pacíficas representan las voces del pueblo, de quienesviven en Chile reclamando una vida digna, justa y equitativa. La equidad, la justicia y lainclusión social son valores universales y derechos de la ciudadanía, son deberes mutuos entreEstado y ciudadanos, y principios de articulación de los sistemas de gobierno y de las políticaspúblicas. Poniendo el foco en los valores de equidad, justicia e inclusión social podemosentender por qué “no se trata de 30 pesos sino de 30 años”. Más de treinta años de injusticias e inequidad en las múltiples esferas de la vida: en ladistribución de ingresos, en las pensiones, la salud, el transporte, la vivienda, los serviciosbásicos y, especialmente, en la educación. La inclusión en la educación y en la sociedad es unvalor público esencial, en el mismo sentido en que la educación -y concretamente la educaciónpública- es un derecho ciudadano. Educarse, aprender, participar ciudadanamente y graduarsede la escuela regular son aspiraciones mínimas legítimas y un cimiento esencial de la concordiay cohesión social. Sin embargo, a muchos estudiantes de grupos minoritarios se les sustraenestos derechos, haciéndolos responsables de un problema que es social, económico y político:un problema país. Como investigadores somos conscientes -y contamos con evidencia- de que la discriminación,la segregación y las distintas formas normalizadas de exclusión generan y perpetúan un ciclode frustración y violencia en el que todos perdemos. También sabemos que es posible transitardesde formas de enseñanza altamente punitivas, disciplinarias y excluyentes a nuevasrelaciones basadas en una ética del cuidado, donde las comunidades puedan diseñar su propiofuturo. El camino hacia una educación inclusiva implica visibilizar las distintas formas dediscriminación, segregación y exclusión para poder construir de manera ciudadana lascondiciones y las vivencias de una convivencia democrática en el presente y en el futuro. Como Centro de Investigación para la Educación Inclusiva reafirmamos el derecho de laciudadanía a expresarse, manifestarse y protestar pacíficamente por sus derechos y por susdemandas sociales; y rechazamos toda trasgresión, conculcación y criminalización de dichoderecho. Por ello, instamos a nuestras autoridades a deponer las formas autoritarias, punitivasy violentas de gestión del conflicto social y anular tanto el estado de emergencia y excepcióncomo los toques de queda impuestos a la ciudadanía. Necesitamos que tanto el gobierno comola clase política se abran al diálogo entre ellos y con los ciudadanos. Necesitamos un nuevopacto social que -reconociendo la dignidad humana y al otro como igual- se sostenga a travésde la priorización de la equidad, la inclusión social y el bien común como valores públicos yprincipios rectores de todas las políticas sociales y económicas, a cuyo servicio ponemos lavoluntad y trabajo de nuestro Centro. Viña del Mar, Chile, 22 de octubre de 2019. Descarga la Declaración en PDF