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Columna de opinión escrita por Paula Ascorra, investigadora principal de Eduinclusiva, publicada el 26 de marzo en El Mostrador. La Convención Constituyente ya comienza la deliberación y votación respecto de las normas de educación –ya sea presentadas por convencionales y pueblos originarios– y las propuestas populares que alcanzaron las firmas necesarias. Uno de los temas que ha generado debate ha sido la libertad de enseñanza, entendida y consagrada en la actual Constitución como el derecho preferente de los padres de elegir el establecimiento para educar a sus hijos y el derecho de privados de acceder al sistema educativo con financiamiento público. Por sobre el derecho a la educación, algunos sectores han enarbolado la libertad de enseñanza como bandera de la calidad educativa, al sostener que las escuelas privadas pueden hacer tan bien, o incluso mejor, el trabajo educativo que las escuelas municipales. En este contexto, propongo ir más allá y avanzar hacia el ejercicio de derechos de niños, niñas y adolescentes en la discusión constituyente. Quisiera socializar la dificultad que están teniendo las escuelas particular privadas y las escuelas particular subvencionadas en garantizar la participación, la inclusión y una adecuada convivencia escolar. El análisis de la encuesta de estudiantes que acompaña el SIMCE para sexto y octavo básico en los años 2014, 2017 y 2018 demuestra que son los estudiantes de escuelas municipales quienes tienen mejor percepción sobre su convivencia escolar. El lector planteará “¡Qué extraño! pues siempre se ha comunicado que son estas escuelas las que presentan más conflicto y violencia”. Lo que ocurre es que la Agencia de Calidad de la Educación entrega un índice global que pondera en un 50% la percepción de los estudiantes, en un 40% la de los apoderados y en un 10% la de los profesores. Con este índice agregado, en efecto, las escuelas municipales exhiben una calidad de la convivencia escolar más débil, pero al atender solamente a la percepción de estudiantes esto cambia. Desde un enfoque de derechos, la pregunta es ¿qué hace el Estado para garantizar que todos los niños, niñas y adolescentes de nuestro país, independiente de su nivel socioeconómico o de la dependencia de su establecimiento educacional –y desde su propia voz y no la de los adultos– vivan en ambientes seguros y libres de violencia? Pues bien, las medidas implementadas por el Estado para resguardar estos derechos se aplican de manera diferenciada según la dependencia del establecimiento educacional. Así, de acuerdo a la Ley de Aseguramiento de la Calidad (Nº 20.590) las escuelas privadas no están obligadas a recibir visitas de la Agencia de Calidad de la Educación, aún cuando sus indicadores sean bajos y pongan en riesgo los derechos de los niños. A su vez, la Ley de Violencia Escolar (Nº 20.536), que establece la participación de estudiantes en la revisión de los planes de gestión de la convivencia escolar en la instancia de Consejo Escolar, no se aplica a escuelas particulares. Finalmente, la Ley de Inclusión (Nº 20.845) que mandata a las escuelas no seleccionar a sus estudiantes –y, por lo tanto, a recibir a aquellos que presentan habilidades distintas o requieren de apoyos diferenciados– tampoco se aplica a las escuelas particulares privadas. Lo que tenemos entonces es que la ley ubica a los establecimientos privados en una situación de menor regulación en temas tan relevantes como participación escolar, deliberación de reglamentos, plan de mejora de la convivencia escolar y formación ciudadana. Avanzar en esta línea es fundamental pensando en el presente pero también en el futuro y la democracia. Como la literatura lo ha reportado, el 75% de los ministros, el 60% de los senadores y más del 40% de los diputados del país en el período 1990-2016 egresaron de 14 colegios de élite de Santiago (PNUD, 2017). El tratamiento diferencial que existe para las escuelas privadas y su falta de regulación, tiene varias consecuencias. En primer lugar, estas inequidades se leen como privilegios y contribuyen a acentuar el malestar social. En segundo lugar, estas inequidades vulneran los derechos de estudiantes de escuelas privadas, pues se les limita en la participación, la convivencia en la diversidad y el aseguramiento de un buen clima escolar y; finalmente, no contribuyen a formar ciudadanos que puedan vincularse con la diferencia social en un país que apunta a la plurinacionalidad, que se hace cada vez más diverso en orientaciones de género y que es cada vez más cosmopolita, por nombrar algunas diferencias. Esperamos que el nuevo texto constitucional siente las bases de un sistema educativo que resguarde el derecho a la educación de todos los niños, niñas y adolescentes, más allá de su dependencia, y en donde sean agentes activos dentro de una comunidad democrática de aprendizaje. ENLACE a columna publicada en El Mostrador

Columna de opinión escrita por Macarena Morales, Natascha Roth-Eichin y Pamela Soto, investigadoras de Eduinclusiva. Publicada el 16 de marzo en Bío-Bío Chile. En el marco de la discusión constitucional sobre educación en la Comisión de Derechos Fundamentales, además de la revisión de las propuestas de normas de las y los constituyentes, se presentaron iniciativas populares que lograron el patrocinio de al menos 15 mil firmas. Desde nuestra experiencia académica comprometida con la ciudadanía, es de interés trazar las continuidades que dichas iniciativas tienen con los procesos de transformación educativa, particularmente respecto a la democratización de las escuelas, y a la formación en igualdad y justicia social. En nuestras escuelas se viven innumerables situaciones de exclusión, acoso y violencia.  En los escasos espacios de deliberación existentes, la participación responde meramente al cumplimiento de normativas nacionales y no necesariamente a la representación de visiones, intereses y necesidades de sus integrantes. Abogamos entonces por la erradicación de lo que Rita Segato llama “todas las formas de crueldad” que este sistema aún mantiene y por la inclusión de las múltiples voces en los espacios de representación y toma de decisiones. En este sentido, destacamos las iniciativas propuestas por la Red Docente Feminista, así como por el colectivo que encabeza el Colegio de Profesoras y Profesores de Chile. Ambas comprenden la educación en un sentido amplio, como un derecho que trasciende el mero financiamiento para el acceso al servicio educativo en las escuelas. Además, consideran la participación igualitaria y vinculante de los y las integrantes de las comunidades escolares como un aspecto central del ejercicio de ese derecho, debiendo ser resguardado por parte del Estado. Esta participación se proyecta no sólo con alcances locales para las escuelas y sus territorios aledaños, sino que contempla además la incidencia en la definición de políticas educativas nacionales. En cambio, observamos con preocupación las iniciativas presentadas por Educación Libre y Diversa y Acción Educar, que plantean una continuidad con lo estipulado por la actual Constitución, soslayando el ejercicio de la democracia y la participación. Ambas propuestas están basadas en una estructura de familia concebida de manera jerárquica, argumentando el deber exclusivo de los padres de educar a sus hijos. Esta posición suprime la condición política de los estudiantes, así como también su participación en la esfera pública. Es necesario cuestionar la condición de minoridad que este tipo de propuestas atribuye a las y los estudiantes, al no garantizar la de participación, decisión y agencia respecto a sus propios procesos educativos. Dicha condición se extiende hacia los otros estamentos, los cuales tampoco gozan necesariamente de mayores posibilidades de influencia en el cotidiano escolar ni en la construcción de política educativa. Esto implica repensar qué es lo que entendemos por comunidades escolares para reubicarlas al centro de una nueva arquitectura educacional. Una comunidad educativa no solo corresponde a los grupos que la norma hoy incluye –estudiantes, apoderados, profesionales, asistentes y sostenedores–, sino que debe referir a todos los agentes del territorio en los que las escuelas se emplazan. Para que esta implementación sea democrática se requieren órganos de representación y deliberación de carácter vinculante, con participación efectiva en la co-construcción, implementación y evaluación de los proyectos educativos. Creemos que el desafío para la nueva Constitución será establecer las bases de una orgánica educacional, orientada al desarrollo de comunidades y trayectorias educativas, que otorguen mayor autonomía, participación y reconocimiento de la diversidad cultural y social presente en nuestros territorios.  ENLACE a la columna publicada en Bío-Bío Chile.

Con el objetivo de poder contribuir a una reflexión y un debate participativos que permitan establecer cimientos sólidos para garantizar el derecho a una educación inclusiva y de calidad para todas y todos, Verónica López, Directora del Centro de Investigación para la Educación Inclusiva (Eduinclusiva), presentó el 8 de julio en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputadas y Diputados la síntesis de las principales conclusiones de la Jornada Temática “La Educación Pública que Queremos”. Esta Jornada, realizada el 12 de marzo en el marco del proceso de implementación de la Nueva Educación Pública, fue organizada por la Comisión de Educación de la Cámara de Diputadas y Diputados en colaboración con el Centro Eduinclusiva. El evento buscó analizar el sentido, la implementación y proyección del sistema educativo en el país, a partir de la evaluación, experiencia y perspectivas de investigadore/as y académico/as del ámbito educativo. Durante todo el día actores educativos, políticos y sociales expusieron, compartieron ideas y debatieron en torno a la educación pública en Chile. La sistematización de la Jornada con la síntesis de las principales ideas compartidas durante el desarrollo de las mesas temáticas así como en los espacios participativos se encuentran en este documento disponible para descarga. Asimismo, los videos con las distintas mesas y exposiciones de la Jornada se pueden ver a continuación. El sentido de una Educación Pública En esta primera mesa se invitó a lo/as expositore/as a analizar el sentido de la educación pública, ya sea desde su origen, formulación e implementación, considerando el contexto social actual. Expusieron: Cristián Bellei (Investigador, CIAE-Universidad de Chile), Carlos Díaz (Presidente del Colegio de Profesores y Profesoras de Chile), Magdalena Vergara (Directora Ejecutiva de Acción Educar) y Patricio Sanhueza (Rector Universidad de Playa Ancha y Presidente de la Asociación de Universidades Regionales), con los comentarios de la Diputada Cristina Girardi. Evaluación y proyección puesta en marcha Nueva Educación Pública Desde su origen y promulgación, se estaba en conocimiento del gran desafío que sería cambiar la arquitectura del sistema educacional. No obstante, durante estas primeras etapas de implementación se ha instalado un debate respecto a las condiciones propicias, así como la emergencia de posibles obstáculos en la instalación de los nuevos Servicios Locales de Educación. Para abordar estos aspectos desde la perspectiva de distintos actores, la segunda mesa de la Jornada tuvo por objetivo identificar fortalezas y desafíos en la puesta en marcha de la Ley 21.040. Participaron: Teresa Flórez (Investigadora DEP, Universidad de Chile), Vicente Sisto (Investigador, Centro de Investigación para la Educación Inclusiva), Claudia Espinoza y Silvia Redon (Comité Directivo Servicio Local Valparaíso), Pablo Araya (Director Ejecutivo Servicio Local Gabriela Mistral), Christian Figueroa (Vocero de la Coordinación Nacional de Funcionarios/as de las Direcciones de Administración de Educación Municipal (DAEM, DEM y Corporaciones de Educación) y Bernardo Vásquez (Alcalde de Pelarco, Asociación Chilena de Municipalidades), con los comentarios de la Diputada Camila Rojas. Síntesis Concluidas las Mesas Redondas, los investigadores Pablo González (Director Académico del Centro de Sistemas Públicos e Investigador del Centro de Investigación para la Educación Inclusiva) y Ernesto Treviño (Investigador del Centro de Justicia Educacional y Director de CENTRE UC) compartieron una síntesis de las principales temáticas abordadas y puntos en discusión. Recomendaciones para la Nueva Educación Pública Con el objetivo de elaborar, de manera participativa, recomendaciones a la puesta en marcha de la nueva institucionalidad se generó un espacio de trabajo en comisiones donde todas y todos los participantes plantearon propuestas para la implementación de la Nueva Educación Pública, a la vez que identificaron desafíos futuros. Cierre: Hacia una nueva Educación Pública En las palabras finales, el Diputado Rodrigo González señaló que esta Jornada dejó en evidencia la necesidad de revisar el diseño, la arquitectura y los principales ejes e implementación de la Nueva Educación Pública, así como el contexto del sistema educacional en el cual está inmersa.