Divulgación

Autoras: Dra. Lorena Ramírez y Dra. Verónica López, investigadoras del Centro Eduinclusiva. Columna publicada en El Mostrador el 8 de abril de 2020. La crisis sanitaria que conlleva el coronavirus nos ha encontrado a todos desprevenidos y hemos visto cómo se intenta tomar medidas para hacerle frente. Entre los múltiples espacios afectados está la escuela. Sus puertas cerraron abruptamente hasta nuevo aviso, dejando a miles de niños y niñas de un momento a otro en sus casas o lugares de acogida. En este escenario, se advierte como padres, madres y apoderados interpelan a los establecimientos educacionales a hacerse presentes de distintas maneras. Algunos alzan la voz pidiendo que no se dejen de transmitir los contenidos acordes al curriculum escolar para seguir recibiendo el servicio educativo. Otros, con agobio, reclaman el exceso de tareas que están recibiendo sus hijos e hijas debido a las dificultades que esto conlleva para su acompañamiento y seguimiento en casa. En estas disputas nos movemos frente a un Ministerio de Educación que ha centrado su accionar en el lanzamiento de la plataforma “Aprendo en línea” que entrega textos escolares y guías de estudio para que los niños, niñas y jóvenes puedan seguir aprendiendo desde sus hogares. El objetivo –plantea el Mineduc– es ayudar a que los niños y niñas puedan continuar con sus rutinas desde el hogar, proporcionando herramientas que permitan reforzar sus conocimientos y aprendizaje. Frente a esta iniciativa los profesores han debido readecuar rápidamente sus prácticas educativas, repensando –con más o menos competencias tecnológicas, con más o menos experiencias– cómo transmitir los contenidos mediante un sistema digital y a la vez, no dejar atrás a aquellos estudiantes que no tienen acceso a conectividad. Llama la atención –aunque no sorprende dada la existencia de una lógica educacional basada en el mercado y en la rendición de cuentas– que la primera respuesta al cierre de las escuelas esté siendo la de proveer materiales con información y guías de trabajo que los niños y niñas deben desarrollar en tiempos determinados y cuyo único énfasis está en asegurar una cobertura curricular. Sin embargo, es necesario entender que para niños y niñas la escuela es mucho más que eso. Si bien hay que aceptar que difícilmente se podrá llevar íntegramente la escuela al hogar el gran desafío está justamente en qué hacer para no perderla. De un día para otro niños y niñas se quedaron sin la escuela, sin sus rincones para conversar con sus compañeros/as, sin el saludo del profesor/a. Entre muchas cosas, se quedaron sin los actos y las canciones en conjunto, sin los recreos, e incluso para los creyentes, sin los rezos colectivos de cada mañana. En un país que se caracteriza por una alta segregación territorial y fragmentación de las relaciones sociales, los niños y niñas se quedaron sin ese espacio social que les permite encontrarse con un otro. Se quedaron sin esa disposición particular del tiempo, espacio y material que configura la escuela para despertar su interés por aprender. Si queremos llevar algo de la escuela a la casa estos aspectos deben ser considerados, especialmente prestando atención a las necesidades propias de niños y niñas. Claramente la respuesta no es nada fácil, sin embargo, los estudiantes pueden dar claves más precisas de lo que requieren en estos momentos de su escuela, importantes de ser escuchadas. Evidencia científica emanada desde el Centro de Investigación para la Educación inclusiva y de otras investigaciones nacionales plantea que para los niños y niñas la escuela es representada como un lugar distintivo que les permite el encuentro con otros, principalmente con sus docentes y compañeros/as. Para los estudiantes el sentido esencial de la escuela es poder aprender colaborativamente con otros, así como también establecer relaciones afectivas con los miembros de la comunidad educativa. De esta manera, el bienestar de los niños y niñas en la escuela está asociado a compartir y a divertirse con su grupo de pares así como también a sentirse constantemente acompañados, cuidados y apoyados por los profesores. Por tanto, desde la perspectiva de los estudiantes no basta con asegurar tan sólo la entrega de contenidos, sino que un pilar fundamental es también mantener las relaciones interpersonales y vínculos relevantes con la escuela. Si se va a utilizar la tecnología a favor –ciertamente para los que tienen acceso– se hace necesario buscar alternativas para que docentes y compañeros/as puedan mantenerse contactados entre sí.  Por ejemplo, en vez de sólo enviar una guía de trabajo los docentes también pueden conversar directamente con aquellos estudiantes que lo necesitan o mandar un video con caras y voces conocidas en lugar de entregar un enlace de algún material realizado por alguien con quien no tienen ningún tipo de conexión. Generar encuentros online entre todo el curso y compartir ideas en conjunto es una alternativa que resulta motivadora para el estudiante ya que favorece el efecto par para el aprendizaje. Para acercar la escuela en medio de esta crisis que limita el contacto físico se hace imprescindible facilitar instancias de encuentro para mitigar en algo la distancia así como para ayudar a los niños y niñas a recuperar parte de lo que para ellos es de gran valor: su comunidad, su vida cotidiana y el poder expresar su propio sentir y vivencias, aspectos sin duda relevantes para generar mejores condiciones para su aprendizaje y bienestar. Para acceder a columna publicada en El Mostrador CLICK AQUÍ

Autores: Directores e investigadores de centros de investigación, núcleos Milenio y proyectos Anillo. Columna publicada en La Tercera el 29 de noviembre de 2019 El Ministerio de Educación anunció medidas, entre ellas un proyecto de ley, que buscan sancionar el “adoctrinamiento político” a menores en escuelas y jardines infantiles. Al respecto, como directores e investigadores de centros de investigación, núcleos Milenio y proyectos Anillo –financiados con fondos públicos de fomento a la investigación– queremos transmitir a las autoridades gubernamentales, legisladores y a la ciudadanía nuestro análisis sustentado en resultados de nuestras investigaciones: Tras diecisiete años de implementación de la Política de Convivencia Escolar y ocho años de la Ley de Violencia Escolar y del Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación –que creó la Superintendencia de Educación– se observa que la gestión de la convivencia escolar está basada principalmente en el reglamento y sus sanciones, limitándose a una revisión formal para evitar multas. Hoy más que nunca se hace necesario avanzar hacia un tipo de convivencia que forme para la vida democrática e incorpore las vivencias y experiencias de los y las estudiantes al interior del aula y del establecimiento educacional. Para ello es fundamental crear espacios reales de participación que estén abiertos a la diferencia, tanto de ideas como de orientación sexual, religión, etnia y nivel socioeconómico, entre otros. El aprendizaje de una convivencia democrática que promueva la argumentación y el debate reflexivo resulta clave para la cohesión social, así como para el desarrollo moral y del pensamiento crítico. La Ley de Formación Ciudadana es, desde 2016, obligatoria para todos los establecimientos educacionales y exige un Plan de Formación Ciudadana que promueva la implementación de acciones pedagógicas que lleven a los estudiantes a desarrollar su propio pensamiento acerca de lo político, entendido como la idea sobre el bien común. El deber de la escuela en el ámbito de formación ciudadana es cumplir con las orientaciones curriculares que refuerzan la formación para una ciudadanía crítica y activa. Esto no es una forma de violencia. Por el contrario, las investigaciones demuestran que la discusión abierta en la sala de clases sobre distintos temas políticos se asocia a resultados positivos en los estudiantes, que incluyen expectativas de participación política y social, actitudes de empatía hacia los demás y conocimiento cívico. La participación activa de los estudiantes en la toma de decisiones de la escuela es también el mejor predictor escolar de los atributos cívicos. Esto requiere una discusión sobre experiencias sociales vividas, así como el uso de documentos sobre el pasado dictatorial en la enseñanza. Todos estos ejercicios pedagógicos resguardan la participación activa y deliberativa de los estudiantes, así como sus derechos políticos. Teniendo en consideración que ya existen mecanismos institucionales para resguardar los derechos de los niños, nuestra recomendación es instar a las comunidades escolares a resolver conflictos recurriendo a las instancias internas ya regladas por ley en los establecimientos educacionales, y en caso de no ser suficiente, acudir a la Superintendencia de Educación para que investigue casos denunciados. El aula debe ser un espacio de libertad y confianza. Un proyecto legislativo como el impulsado por el Ministerio de Educación sólo logrará regular la conversación y el debate en el aula, limitando el pensamiento crítico, la reflexión y la argumentación de ideas, coartando la libertad docente e impactando negativamente el desarrollo cívico de los estudiantes. A la vez, nos parece que en la elaboración de este tipo de proyectos se requiere consultar previamente a quienes por años están realizando investigaciones en educación. De lo contrario, se convierten en iniciativas polémicas y poco efectivas, sin base empírica ni teórica seria, que sólo desvían la atención del objetivo central: mejorar la calidad de la educación. En los difíciles momentos por los que atraviesa Chile instamos a las autoridades de Gobierno a actuar con máxima prudencia, fomentando siempre el diálogo y evitando impulsar iniciativas que aumenten la crispación y desconfianza, generando polarización y provocando divisiones que acentúen la crisis social. Esta columna fue escrita por: Verónica López, Directora del Centro de Investigación para la Educación Inclusiva. Directora del Programa de Apoyo a la Convivencia Escolar PACES PUCV Andrés Bernasconi, Director Centro de Justicia Educacional (CJE) Alejandro Carrasco, Director Centro de Estudios de Políticas y Prácticas en Educación (CEPPE) Alejandra Mizala, Directora Centro de Investigación Avanzada en Educación (CIAE) Juan Carlos Castillo, Subdirector Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES) Claudia Matus, Directora Proyecto Anillos “La Producción de la Norma de Género” Oriana Bernasconi, Directora Proyecto Anillos “Tecnologías Políticas de la Memoria” Kathya Araujo, Directora Núcleo Milenio “Autoridad y Asimetrías de Poder” Para acceder a columna publicada en La Tercera CLICK AQUÍ

Autor: Pablo González, investigador principal de la Línea Valor Público y Educación, del Centro de Investigación para la Educación Inclusiva. Columna publicada en La Tercera el 24 de octubre de 2019. En lo que sigue, intentaré entregar elementos conceptuales que no son nuevos, algunos tienen más de cien años, pero que sirven para entender lo que estamos viviendo hoy, sabiendo que la mayoría son ignorados incluso por los tomadores de decisiones. En este espacio necesariamente breve, añadiré, entre líneas, siete propuestas para salir de la crisis. A ver si el desafío de la encriptación motiva la lectura. Como lo veníamos sosteniendo en los hoy extintos informes nacionales de desarrollo humano del PNUD, la subjetividad en Chile está herida. Actualmente esta herida suena más o menos así. El modelo chileno instaurado por la dictadura promovió la anomia (Durkheim) y dislocó los equilibrios entre reciprocidad, redistribución e intercambio que han existido por milenios en las sociedades humanas (Polanyi). Desmontando las regulaciones que asfixiaban la economía, destruyó también las organizaciones sociales, profesionales y comunitarias, creando individuos sin proyectos comunes. Para corregir un modelo de reparto capturado por grupos con poder, instaló un sistema de capitalización. Para resolver los problemas de salud y educación, promovió las soluciones privadas y la competencia de mercado. No resolvió los problemas públicos, los privatizó. Al establecer el intercambio como regulador de todos los ámbitos de la vida social, asfixió la solidaridad y el altruismo, confinándolos a la caridad y la focalización. Al reducir lo valioso a lo que los ciudadanos quieren comprar, perdimos de vista lo esencial para la vida humana. La lógica economicista y la “Nueva Gestión Pública” limitan la posibilidad de crear lo que los anglosajones llaman “valores públicos” (Moore, Bozeman) como cohesión social, confianza, igualdad de oportunidades y no discriminación, entre otros, y capacidades esenciales (Sen, Nussbaum) como vínculos significativos (amor, amistad, respeto, seguridad humana). Cuando todo se analiza con la lógica costo-beneficio, lo que no se puede comprar queda fuera de la toma de decisiones y nada garantiza su ocurrencia. No es el papel del mercado proveer cohesión e igualdad de oportunidades, es la esencia de la política. Esta narrativa es complementada por el relato del abuso, que fue minando la confianza en los otros y en las instituciones. Demasiados para enumerarlos, pero con el común denominador de la impunidad, porque las normas que rigen para la elite son distintas a las severas leyes que castigan al ciudadano sin poder (North: segunda condición de un orden abierto. La primera es control civil democrático del uso de la fuerza). El robo de unos pocos llevó a la demonización del lucro, el móvil del progreso capitalista, porque la prensa obediente (o responsable, según el punto de vista) ya no pudo contener las redes sociales: desde las privatizaciones hasta las recientes colusiones sancionadas con debilidad; desde las utilidades de las AFP, producto de la baja competencia, a las colusiones político-empresariales ejemplificadas en la Ley de Pesca. No hay términos medios en 140 caracteres, solo crucifixiones. Una economía débil basada en bajos salarios y la explotación de recursos naturales, donde la productividad está estancada hace décadas (Palma). Mientras, la clase política discute bajar la jornada laboral, que ya es la más baja del continente, pero no dice nada sobre subir sostenida y decididamente el sueldo mínimo (que tendría un efecto similar en costos), en circunstancias que son los sueldos bajos -unidos al alto endeudamiento para satisfacer aspiraciones de consumo- el origen del problema de la desigualdad, mientras las formas populistas de abordarla, hasta ahora, solo la agravan. Una política caracterizada por el clientelismo -que llena el Estado de incompetentes (e insulta el segundo principio de la justicia de Rawls) y desvía recursos desde donde serían tan necesarios– y por los acuerdos a puertas cerradas, que dan una sensación de crisis de representatividad, que desprestigia la democracia y da cabida a los peores extremismos. Una elite política que no quiere que nadie más delibere ni decida nada, que se aferra con dientes y uñas al poder, e intenta asfixiar a los jóvenes al punto que los obliga a fundar nuevos partidos, en tanto que los viejos partidos se quedan sin jóvenes y sin ideales. Así, el ciudadano se siente excluido y no representado. Da la impresión de que la clase política solo quiere asegurarse que nada de fondo cambie: desde una puesta en escena para conversar la Constitución –que queda en el aire– a los períodos de cuatro años sin reelección, y un TPP que amarrará nuestras políticas públicas para siempre. Esta política no ha dado muestras de saber cómo responder al estallido social. Cuando la rabia ha estallado antes, solo se ha esperado que el temporal amaine o se han producido acomodos suaves, que agravan la enfermedad. La incompetencia por responder al fondo del problema va minando aún más la confianza y hace que la rabia explote cada vez con mayor fuerza. Lo que es más complejo ahora: la economía no está en crisis, pero marca el paso (por lo que la promesa de mejores oportunidades individuales se suspende) y los recursos públicos (que podrían haber dado margen de maniobra para atender algunas demandas) se encuentran agotados por malas decisiones de asignación de recursos (como la gratuidad vía voucher en educación superior) y errores de predicción sistemáticos que han incrementado fuertemente la deuda pública pese a la regla fiscal. Ningún país ha transitado a un orden abierto (North) y el desarrollo pleno sin una esfera pública fuerte, un acuerdo social genuino –no del oscuro peso de la noche (Portales)– y un proyecto de largo plazo compartido que oriente la subjetividad, provea inclusión y justifique la paciencia. Estamos a la espera de un relato que convoque a todos, que haya escuchado, interpretado y dado sentido a lo que está pasando, y convierta la crisis en oportunidad. En los tiempos actuales, esta democracia protegida solo puede ser reemplazada con más y mejor democracia. Y esto solo es posible en el marco de la legalidad vigente, y con el liderazgo del Presidente electo, para que